¿Qué es el monitoreo de transacciones en AML?

El monitoreo de transacciones revisa si el cliente opera según su perfil y, en Filipinas, lleva a reportar transacciones cubiertas o sospechosas.
El monitoreo de transacciones es la parte del trabajo de prevención de lavado de dinero (AML) que continúa después del alta del cliente: un banco u otra institución regulada sigue comprobando si las transacciones de un cliente concuerdan con lo que sabe de ese cliente. Cuando la actividad parece inusual, la institución la examina y, si se vuelve sospechosa, la reporta.
Esta guía abarca el estándar del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y, como único ejemplo nacional, Filipinas. Una regla citada para Filipinas se aplica solo allí.
Definición de monitoreo de transacciones
El monitoreo de transacciones es la revisión continua de las transacciones de un cliente para comprobar que concuerden con lo que la institución sabe del cliente y de su perfil de riesgo, y para detectar actividad inusual o sospechosa que pueda requerir un reporte. La redacción es nuestra y se basa en el texto del GAFI que sigue.
Las Recomendaciones del GAFI, actualizadas en junio de 2026, no usan la etiqueta “monitoreo de transacciones”. La Recomendación 10 describe la actividad como una de las medidas de debida diligencia del cliente (CDD). La medida (d) dice: “Realizar una debida diligencia continua de la relación de negocios y un examen de las transacciones realizadas a lo largo de esa relación para asegurar que las transacciones que se realizan sean consistentes con el conocimiento que la institución tiene de su cliente, de su negocio y de su perfil de riesgo, incluido, cuando sea necesario, el origen de los recursos” (traducción propia).
En el uso del sector, la actividad también se llama Know Your Transaction (KYT). Ninguno de los textos legales del GAFI o de Filipinas citados en este artículo usa ese término.
Monitoreo de transacciones frente a Know Your Customer (KYC)
La Recomendación 10 enumera cuatro medidas de CDD. Las tres primeras son identificar y verificar al cliente, identificar al propietario real y comprender el propósito y la naturaleza prevista de la relación de negocios. Realizadas durante el alta del cliente, forman lo que suele llamarse KYC, que se explica en nuestra guía sobre la verificación KYC.
La cuarta medida, (d), es la debida diligencia continua y el examen de las transacciones que comúnmente se llama monitoreo de transacciones. Se aplica mientras dure la relación, y ambas partes forman parte de la CDD.
Lo que esperan los estándares del GAFI
Las Recomendaciones del GAFI se dirigen a los países: las instituciones financieras “deberían estar obligadas” (traducción propia) a actuar, y el deber vinculante proviene de la ley nacional.
Debida diligencia continua y enfoque basado en riesgos
Conforme a la Recomendación 10, las instituciones financieras deberían estar obligadas a aplicar cada una de las medidas de CDD (a) a (d), “pero deberían determinar el alcance de esas medidas con un enfoque basado en riesgos (RBA)” (traducción propia). Las instituciones también deberían aplicar la Recomendación 10 a los clientes existentes “con base en la materialidad y el riesgo” (traducción propia).
Para los riesgos más bajos, la nota interpretativa de la Recomendación 10 (INR.10) permite, en el párrafo 21, medidas simplificadas, como reducir el monitoreo continuo “con base en un umbral monetario razonable” (traducción propia). Esas medidas “no son aceptables cuando exista sospecha de lavado de dinero o de financiamiento al terrorismo, o cuando se apliquen escenarios específicos de mayor riesgo” (traducción propia).
Transacciones inusuales y clientes de mayor riesgo
El párrafo 20 de la INR.10 dice que las instituciones financieras “deberían examinar, en la medida de lo razonablemente posible, los antecedentes y el propósito de todas las transacciones complejas, grandes e inusuales, y de todos los patrones inusuales de transacciones, que no tengan un propósito económico o lícito aparente” (traducción propia).
Cuando los riesgos de lavado de dinero o de financiamiento al terrorismo son mayores, las instituciones financieras “deberían estar obligadas a aplicar medidas reforzadas de CDD, acordes con los riesgos identificados” (traducción propia). Un ejemplo enumerado de monitoreo reforzado es “aumentar la cantidad y periodicidad de los controles aplicados, y seleccionar los patrones de transacciones que requieren un examen adicional” (traducción propia). Para las personas políticamente expuestas (PEP, PPE en México) extranjeras, la Recomendación 12 enumera el monitoreo continuo reforzado entre las medidas que las instituciones financieras deberían estar obligadas a tomar.
Reporte de sospechas y conservación de registros
La Recomendación 20 dice que si una institución financiera “sospecha o tiene motivos razonables para sospechar que los fondos son producto de una actividad delictiva o están relacionados con el financiamiento al terrorismo, debería estar obligada, por ley, a reportar con prontitud sus sospechas a la unidad de inteligencia financiera (FIU)” (traducción propia). El GAFI no fija un número de días para “con prontitud” (traducción propia). Su nota interpretativa añade que “todas las transacciones sospechosas, incluidas las transacciones intentadas, deberían reportarse sin importar el monto de la transacción”, y que el deber debería ser “una obligación directa de carácter obligatorio” (traducción propia).
La Recomendación 21 añade la prohibición de revelar (tipping-off) la presentación de un reporte. Las instituciones financieras y sus directores, funcionarios y empleados deberían tener prohibido por ley revelar “el hecho de que se está presentando a la FIU un reporte de operación sospechosa (STR) o información relacionada” (traducción propia). Añade: “Estas disposiciones no pretenden inhibir el intercambio de información conforme a la Recomendación 18” (traducción propia), que abarca los programas a nivel de grupo de los grupos financieros.
Conforme a la Recomendación 11, las instituciones financieras deberían estar obligadas a conservar los registros de transacciones durante al menos cinco años, suficientes para reconstruir transacciones individuales. También deberían estar obligadas a conservar los registros de CDD y “los resultados de cualquier análisis realizado” (traducción propia) durante al menos cinco años después de que termine la relación o de la transacción ocasional.
Las Recomendaciones no imponen a las instituciones financieras ningún deber de reportar transacciones por encima de un monto fijo. La nota interpretativa de la Recomendación 29 dice solamente que los países “deberían considerar la viabilidad y la utilidad” (traducción propia) de un sistema de ese tipo.
Cómo funciona el monitoreo de transacciones
Los textos fijan los deberes; el orden de trabajo que sigue es práctica.
- Definir la actividad esperada. El propósito y la naturaleza prevista de la relación, comprendidos durante el alta del cliente (Recomendación 10(c)), son la base de referencia.
- Detectar. Las reglas, los escenarios y la elaboración de perfiles de clientes marcan las transacciones que se apartan de la base de referencia o coinciden con una señal de alerta.
- Revisar la alerta. Un analista examina los antecedentes y el propósito de la actividad marcada frente al expediente del cliente.
- Decidir y documentar. En Filipinas, una transacción en efectivo (por lo general también en instrumento equivalente) por encima del umbral da lugar a un reporte de transacción cubierta (CTR), y una sospecha establecida, de cualquier monto, a un reporte de operación sospechosa (STR). Una transacción que es ambas cosas sigue el orden que se expone más adelante. En los demás casos, se registra el motivo del cierre de la alerta.
- Actualizar el riesgo del cliente. Un hallazgo puede elevar la calificación de riesgo, lo que trae consigo debida diligencia reforzada (EDD) y un monitoreo más estrecho.
En la práctica, la detección puede basarse en reglas, que contrastan las transacciones con escenarios definidos; en el comportamiento, que señala las desviaciones respecto del perfil habitual del cliente, o en ambos. Las reglas de implementación filipinas que se tratan más adelante exigen que los sistemas electrónicos de las personas cubiertas que los supervisores consideren complejas realicen “análisis estadístico, elaboración de perfiles” y “detecten patrones inusuales de actividad en las cuentas” (traducción propia) (Regla 22, sección 5.2.2(a)). La práctica también distingue la revisión posterior de transacciones ya completadas del filtrado previo a la ejecución de un pago. Las Recomendaciones del GAFI mencionan “monitoreo en tiempo real cuando sea factible” (traducción propia) una sola vez, para detectar pagos transfronterizos que carecen de la información requerida sobre el ordenante o el beneficiario (INR.16, párrafo 28), sin convertirlo en un requisito general.
Monitoreo de transacciones en Filipinas
Las reglas filipinas obligan a las “personas cubiertas” (covered persons), como bancos, emisores de dinero electrónico, empresas de remesas, casinos y desarrolladores y corredores inmobiliarios. El Consejo contra el Lavado de Dinero de Filipinas (Anti-Money Laundering Council, AMLC) emitió las reglas de implementación de 2018 (2018 Implementing Rules and Regulations, IRR) de la Republic Act No. 9160, la ley contra el lavado de dinero de 2001 (Anti-Money Laundering Act of 2001), en su versión modificada. Se citan aquí en la modificación de enero de 2021, en vigor desde el 31 de enero de 2021. Para los casinos, la Regla 4 de las IRR establece que rigen reglas de implementación separadas para casinos, que este artículo no abarca. Las disposiciones de las IRR que siguen se citan para las demás personas cubiertas.
El AMLC publica la Ley y las leyes que la modifican, la más reciente de las cuales es la Republic Act No. 11521 (RA 11521) de 2021. La Ley y las IRR emplean “shall” (“deberán”) y añaden lo que el GAFI deja a los países: reportes por umbral y cómputo de días.
Señales de alerta en el monitoreo de transacciones
Las Recomendaciones del GAFI no contienen una lista de señales de alerta; Filipinas tiene una vinculante. La Regla 2, sección 1 de las IRR enumera siete “circunstancias sospechosas” (traducción propia), y la sección 3(b-1) de la Ley da una lista casi idéntica.
| Circunstancia sospechosa (IRR, condensada) | Lo que puede notar un equipo de monitoreo |
|---|---|
| Sin obligación legal o comercial, propósito ni justificación económica | Pagos sin una razón clara para este cliente |
| Cliente no identificado debidamente | Vacíos o dudas en los datos de identificación |
| Monto no acorde con el negocio o la capacidad financiera del cliente | Volúmenes muy superiores al ingreso declarado o al tamaño del negocio |
| Transacción estructurada para evitar los requisitos de reporte | Montos repetidos que se mantienen justo por debajo de un umbral de reporte |
| Desviación del perfil del cliente o de sus transacciones pasadas | Cambio repentino de montos, contrapartes o frecuencia |
| Vínculo con lavado de dinero, financiamiento al terrorismo o actividad ilícita conexa | Información que conecta los fondos con un delito |
| Similar, análoga o idéntica a cualquiera de las anteriores, incluidas las cuentas vinculadas | Uno de los patrones anteriores repetido en cuentas relacionadas o vinculadas de forma material |
La primera columna condensa las IRR; la segunda es nuestra ilustración. Una señal de alerta inicia una revisión; por sí sola, no prueba el lavado de dinero. La Regla 2, sección 1 define la sospecha como “el estado mental de una persona —basado en sus habilidades, experiencia y/o comprensión del perfil del cliente— que considera que existe la posibilidad de que se dé alguna de las circunstancias sospechosas” (traducción propia).
Transacciones cubiertas y CTR
Una transacción cubierta se define por el monto y la forma de pago. Conforme a la sección 3(b) de la Ley, modificada por la RA 11521, es “una transacción en efectivo u otro instrumento monetario equivalente por un monto total superior a quinientos mil pesos (P500,000.00) dentro de un (1) día bancario” (traducción propia), es decir, PHP 500,000 (pesos filipinos). No se requiere sospecha: un reporte de transacción cubierta (CTR) registra un monto en efectivo (por lo general también en instrumento equivalente) y no dice nada sobre la intención del cliente.
Tres grupos de personas cubiertas tienen sus propios umbrales:
| Persona cubierta | Transacción cubierta | Disposición |
|---|---|---|
| Casinos (sección 3(a)(8)) | Transacción única en efectivo en un casino por más de PHP 5,000,000 o su equivalente en moneda extranjera | Ley, sección 3(b) |
| Desarrolladores y corredores inmobiliarios (sección 3(a)(9)) | Transacción única en efectivo por más de PHP 7,500,000 o su equivalente en moneda extranjera | Ley, sección 3(b) |
| Comerciantes de joyas, de metales preciosos o de piedras preciosas (sección 3(a)(4)–(5)) | Transacción en efectivo o en instrumento equivalente por más de PHP 1,000,000 | IRR, Regla 2, sección 1(w)(2) |
La sección 9(c) de la Ley, modificada por la Republic Act No. 10365 de 2013, fija el plazo. Las personas cubiertas “deberán reportar al AMLC todas las transacciones cubiertas y las transacciones sospechosas dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su ocurrencia, salvo que el AMLC fije un plazo distinto que no exceda de quince (15) días hábiles” (traducción propia). La Regla 22, sección 2.1 de las IRR aplica ese plazo a los CTR; la sección 2.2 fija uno más corto para los STR (más abajo).
Conforme a la Regla 22, sección 1.3, los abogados y contadores que están autorizados para ejercer su profesión en Filipinas y que actúan como profesionales independientes no están obligados a presentar CTR sobre la información relativa a sus clientes.
Transacciones sospechosas y STR
Una transacción sospechosa se define por las circunstancias, de cualquier monto. La Regla 2, sección 1 de las IRR la define como “una transacción, cualquiera que sea su monto, en la que se determina, con base en la sospecha o, si los hay, en motivos razonables, que existe alguna de las circunstancias sospechosas definidas en este documento” (traducción propia). Conforme a la misma sección, un intento fallido de transacción, denegado por una circunstancia sospechosa, “deberá considerarse asimismo transacción sospechosa” (traducción propia). La Regla 22, sección 1.1 añade: “Los STR deberán abarcar todas las transacciones, ya sean consumadas o intentadas” (traducción propia).
La Regla 22, sección 2.2, en vigor desde el 31 de enero de 2020, establece: “Los STR deberán presentarse con prontitud dentro del siguiente día hábil desde su ocurrencia, que, para efectos de esta Regla, será la fecha en que se establezca la sospecha o se determine el carácter sospechoso de la transacción” (traducción propia).
Las guías de reporte del AMLC limitan el tiempo que puede tomar establecer la sospecha. Las personas cubiertas tienen hasta 10 días naturales para establecer si una transacción presenta una de las circunstancias sospechosas enumeradas en la ley contra el lavado de dinero (AMLA, por sus siglas en inglés), aun cuando su sistema de monitoreo la haya marcado. Tienen hasta 60 días naturales para establecer un vínculo con una actividad ilícita o para resolver otras alertas del sistema, y el STR vence entonces el siguiente día hábil. Las transacciones muy inusuales o sospechosas, como las que involucran a una persona sujeta a sanciones o están claramente vinculadas con el terrorismo, no tienen ese plazo: la sospecha se establece “con prontitud en la fecha de la transacción, de la actividad o del establecimiento de la circunstancia sospechosa” (traducción propia). Estos plazos se fijaron en las guías de registro y reporte del AMLC de 2021 (AMLC Registration and Reporting Guidelines, ARRG). Se conservan en las guías sobre reporte de transacciones y presentaciones de cumplimiento (Guidelines on Transaction Reporting and Compliance Submissions, GoTRACS), Regulatory Issuance No. 2, Series of 2024 del AMLC, emitida en diciembre de 2024.
Si una transacción es a la vez cubierta y sospechosa, la sección 9(c) de la Ley exige que se reporte como transacción sospechosa. Conforme a la Regla 22, sección 1.2 de las IRR, primero se reporta como CTR y se actualiza si finalmente se confirma que debe reportarse como STR.
| Característica | CTR | STR |
|---|---|---|
| Detonante | Transacción en efectivo (por lo general también en instrumento equivalente) por encima del umbral | Sospecha de que existe una circunstancia enumerada |
| Monto | Más de PHP 500,000 en un día bancario, o un umbral sectorial | Cualquier monto |
| Intentos | No se abordan en las disposiciones citadas aquí | Incluidos, consumados o intentados |
| Plazo | Cinco días hábiles; el AMLC puede fijar hasta 15 | Siguiente día hábil después de que se establece la sospecha |
| Disposición | Ley, secciones 3(b), 9(c); IRR, Regla 22, sección 2.1 | Ley, sección 3(b-1); IRR, Regla 2, sección 1; Regla 22, secciones 1.1, 2.2 |
Conforme a la Regla 22, sección 7 de las IRR (Confidentiality of Reporting, “confidencialidad del reporte”), se prohíbe a las personas cubiertas y a sus funcionarios y empleados revelar que una transacción cubierta o sospechosa “se ha reportado o está a punto de reportarse” (traducción propia). La prohibición se extiende al contenido del reporte y a la información conexa, y la sección 9(c) de la Ley dice lo mismo con palabras similares.
Qué sistemas de monitoreo esperan las IRR
Conforme a la Regla 18, sección 8.1, las personas cubiertas “deberán, con base en la materialidad y el riesgo, realizar un monitoreo continuo mediante el establecimiento de un sistema” (traducción propia) para comprender la actividad normal y razonable de los clientes y examinar las transacciones. La Regla 22, sección 5.1 añade: “Todas las personas cubiertas deberán adoptar un sistema de monitoreo de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (AML/CTF) apropiado para su perfil de riesgo y la complejidad de su negocio” (traducción propia).
Las personas cubiertas “que se consideren complejas, según lo determinen las autoridades supervisoras (SA)” (traducción propia) deberán adoptar un sistema electrónico (sección 5.2.1). Como mínimo, deberá detectar las transacciones o cuentas que califiquen como cubiertas o sospechosas. Conforme a la sección 5.2.2, ese sistema “debe tener, como mínimo,” (traducción propia) funciones automatizadas que incluyen:
- análisis estadístico y elaboración de perfiles para detectar patrones inusuales de actividad en las cuentas;
- verificaciones contra listas de vigilancia de las partes de las transferencias y de la base de datos de clientes existentes;
- agregación de las múltiples cuentas de un cliente;
- registro de las transacciones sospechosas y apoyo para investigar las alertas, se haya presentado o no un reporte.
La función de listas de vigilancia extiende el filtrado contra el lavado de dinero (AML) que se hace durante el alta del cliente a las partes de transferencias posteriores. Las personas cubiertas que no están obligadas a tener un sistema electrónico “deberán asegurarse de contar con los medios para marcar y monitorear” (traducción propia) las transacciones. Ellas “deberán mantener un registro de todas las transacciones sospechosas (ST)” que se pongan en conocimiento de la alta dirección “haya sido o no reportada al AMLC” (traducción propia) (sección 5.3).
Como en el texto del GAFI, las IRR usan “monitoreo en tiempo real cuando sea factible” (traducción propia) solo para las transferencias electrónicas transfronterizas que carecen de la información requerida sobre el ordenante o el beneficiario (Regla 19, sección 6.3.2). No fijan ningún requisito general de tiempo real.
Conforme a la Regla 18, sección 8.2, las personas cubiertas deberán aplicar EDD cuando el monitoreo genere dudas sobre la exactitud de la información o los documentos proporcionados, o sobre la titularidad de una persona moral o de una estructura jurídica. Lo mismo se aplica cuando el monitoreo justifica pasar al cliente de riesgo bajo o normal a riesgo alto, o indica una circunstancia sospechosa.
Un ejemplo práctico. Un cliente hipotético de dinero electrónico, incorporado como estudiante, con recargas mensuales pequeñas, empieza a recibir transferencias de muchos remitentes no relacionados y a sacar los fondos el mismo día. El patrón se desvía del perfil del cliente, por lo que se genera una alerta sea cual sea el monto involucrado. Como esa es una circunstancia sospechosa enumerada en la AMLA, las guías de reporte permiten hasta 10 días naturales para establecer la sospecha. Si el analista la establece un martes, el STR vence dentro del siguiente día hábil, el miércoles salvo que sea día festivo. La institución aplica EDD y registra el caso sin informar al cliente del reporte.
Lo que sigue abierto. Determinar qué personas cubiertas se consideran complejas corresponde a las autoridades supervisoras, como el Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP); sus disposiciones quedan fuera de este artículo. Las ARRG y las GoTRACS también redactan de forma distinta el día de inicio de los cómputos de 10 y 60 días, por lo que los equipos deben leer la disposición que rige su caso.
Fuentes verificadas el 4 de noviembre de 2026.
Este artículo tiene fines meramente informativos y no constituye asesoría legal ni regulatoria. Las organizaciones deben confirmar con la autoridad competente o con un asesor legal cómo les aplican los requisitos de monitoreo y reporte.
El monitoreo de transacciones es la parte continua de la debida diligencia del cliente: la comprobación de que la actividad de un cliente sigue coincidiendo con lo que se estableció durante el alta del cliente. El GAFI lo plantea como un deber que los países deberían imponer en proporción al riesgo, y lo vincula con el reporte con prontitud de las sospechas y con los registros del análisis que hay detrás de cada decisión.
Filipinas convierte ese marco en reglas vinculantes con dos reportes distintos. Un CTR se deriva de un monto en efectivo (por lo general también en instrumento equivalente); un STR se deriva de una circunstancia, de cualquier monto, y conforme a las IRR también para los intentos y con un plazo más corto. Las IRR dimensionan luego el sistema de monitoreo según la persona cubierta, desde herramientas electrónicas para las instituciones que los supervisores determinan que son complejas hasta la marcación manual y un registro para las demás. Para un equipo de monitoreo, la prueba práctica es si cada alerta cerrada o reportada puede explicarse a partir del expediente.