¿Qué es AML (prevención de lavado de dinero)? Cómo funciona junto con KYC

¿Qué es AML? Cómo funcionan los programas AML con los estándares del GAFI, AML frente a KYC y quién regula AML en el Sudeste Asiático.
La prevención de lavado de dinero (AML, por sus siglas en inglés) es el sistema de leyes y controles que los bancos y ciertas otras empresas utilizan para prevenir, detectar y reportar el lavado de dinero. La ley de cada país determina quiénes quedan comprendidos, conforme a un estándar internacional establecido por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Know Your Customer (KYC), las verificaciones que se hacen a cada cliente, es una parte de AML. Los ejemplos por país provienen de Filipinas, Singapur y Malasia. Una regla citada para un país se aplica solo en ese país.
En breve
- Quién: los bancos y otras instituciones financieras, ciertas actividades y profesiones no financieras y los proveedores de servicios de activos virtuales, según los nombre la ley de cada país.
- Qué: siete componentes del programa, tal como se agrupan en este artículo: evaluación de riesgos, debida diligencia del cliente (CDD), filtrado, monitoreo continuo, reporte de operación sospechosa, conservación de registros y controles internos con capacitación y auditoría.
- Dónde encaja KYC: KYC es el componente de CDD, que se aplica en el onboarding y durante toda la relación.
¿Qué es AML?
Desde el punto de vista jurídico, AML es un conjunto de obligaciones: las leyes y reglamentos exigen a las instituciones financieras y a ciertas otras empresas contar con controles internos que prevengan, detecten y reporten el lavado de dinero. En palabras de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), “el lavado de dinero es el procesamiento del producto del delito para disfrazar su origen ilegal” (traducción propia). La misma reseña dice que el proceso suele seguir tres etapas. La colocación consiste en “sacar los fondos de su asociación directa con el delito”, y la estratificación, en “disfrazar el rastro para frustrar la persecución” (traducción propia). La integración es “hacer que el dinero esté a disposición del delincuente a partir de lo que parecen ser fuentes legítimas” (traducción propia). Cada país define el delito en su propia ley, y la redacción puede variar. UNODC explica por qué el proceso importa a los delincuentes: el lavado “permite al delincuente disfrutar de estas ganancias sin poner en peligro su fuente” (traducción propia).
AML funciona en tres niveles. El primero son las Recomendaciones del GAFI, modificadas en junio de 2026, un estándar internacional que los países deberían aplicar “mediante medidas adaptadas a sus circunstancias particulares” (traducción propia).
El segundo nivel es la ley nacional. Las Recomendaciones se dirigen a los países: los países “deberían exigir” a las instituciones que actúen, y las instituciones “deberían estar obligadas” (traducción propia) a hacerlo. La obligación que vincula a una institución proviene de la ley AML de su país y de las normas de su regulador. El tercer nivel es el programa AML de la institución, que aplica esa ley a los clientes y a las transacciones.
Como los mismos programas abordan también el financiamiento al terrorismo, las leyes y los reguladores suelen usar el término más amplio prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (AML/CFT). La Recomendación 1 del GAFI añade un tercer riesgo, el financiamiento de la proliferación, a los riesgos que los países deberían exigir a las instituciones que evalúen y mitiguen. En la Recomendación 1 y su nota interpretativa, el riesgo de financiamiento de la proliferación “se refiere estricta y únicamente al posible incumplimiento, la no aplicación o la evasión de las obligaciones de sanciones financieras dirigidas a que se refiere la Recomendación 7” (traducción propia).
¿Quiénes deben cumplir las reglas AML?
Los Estándares del GAFI (las Recomendaciones, sus notas interpretativas y el Glosario) describen tres grupos que los países deberían incluir en el ámbito de aplicación:
- Instituciones financieras. El Glosario del GAFI abarca a toda empresa que realice ciertas actividades para un cliente o en su nombre. Algunos ejemplos son recibir depósitos, otorgar préstamos, prestar servicios de transferencia de dinero o valores, emitir y administrar medios de pago, como el dinero electrónico, y negociar valores.
- Actividades y profesiones no financieras designadas (APNFD; DNFBP, en inglés). Son los casinos, incluidos los casinos por internet; los agentes inmobiliarios; los comerciantes de metales y piedras preciosos; “abogados, notarios, otros profesionales jurídicos independientes y contadores” (traducción propia); y los proveedores de servicios fiduciarios y societarios. Quedan comprendidos en ciertas situaciones.
- Proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV; VASP, en inglés). Conforme a la Recomendación 15, los países deberían asegurarse de que los PSAV estén regulados para fines de AML/CFT y cuenten con licencia o registro.
Las leyes nacionales usan sus propios nombres para estas empresas. Son “personas cubiertas” (covered persons) en Filipinas e “instituciones reportantes” (reporting institutions) en Malasia. Las listas nacionales difieren.
Cómo funciona un programa de cumplimiento AML: 7 componentes centrales
Un programa de cumplimiento AML es el conjunto de controles que una institución aplica para cumplir la ley AML de su país. Este artículo agrupa las Recomendaciones relevantes del GAFI en siete componentes; la nota interpretativa de la Recomendación 18 nombra por sí misma tres elementos del programa, que se tratan en el último componente. La Monetary Authority of Singapore (MAS), por ejemplo, dice que los controles que exige a las instituciones financieras incluyen identificar y conocer a sus clientes, incluidos los propietarios reales, realizar revisiones periódicas de las cuentas, y monitorear y reportar las transacciones sospechosas.
Evaluación de riesgos
Conforme a la Recomendación 1 y su nota interpretativa, las instituciones financieras y las APNFD deberían estar obligadas a identificar y evaluar sus riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. La evaluación abarca a los clientes, los países o áreas geográficas, los productos, los servicios, las transacciones y los canales de distribución. Deberían documentarla y mantenerla actualizada. Las autoridades competentes o los organismos autorreguladores pueden determinar que no se requieren evaluaciones de riesgos documentadas individuales si los riesgos específicos inherentes al sector están claramente identificados y comprendidos. También deberían estar obligadas a contar con políticas, controles y procedimientos, aprobados por la alta dirección, para administrar y mitigar los riesgos identificados.
Donde los riesgos son mayores, las instituciones deberían estar obligadas a tomar medidas reforzadas; donde son menores, se debería permitir y alentar que tomen medidas simplificadas. Este es el enfoque basado en riesgos.
Debida diligencia del cliente (KYC)
Conforme a la Recomendación 10, las instituciones deberían estar obligadas a aplicar la debida diligencia del cliente (CDD) al establecer una relación de negocios y al realizar ciertas transacciones ocasionales. El mismo deber se aplica cuando hay sospecha de lavado de dinero o de financiamiento al terrorismo, o cuando la institución duda de los datos de identificación obtenidos antes. Las medidas de CDD son:
- identificar al cliente y verificar su identidad mediante documentos, datos o información de fuentes confiables e independientes;
- identificar al propietario real y tomar medidas razonables para verificar su identidad;
- entender el propósito y la naturaleza prevista de la relación de negocios;
- realizar una debida diligencia continua de la relación, que incluya el escrutinio de sus transacciones.
Las instituciones deberían determinar el alcance de estas medidas con el enfoque basado en riesgos y deberían aplicarlas también a los clientes existentes según su materialidad y riesgo. La Recomendación 10 dice además que las instituciones financieras deberían tener prohibido mantener cuentas anónimas o cuentas con nombres evidentemente ficticios. En la práctica, la CDD se repite durante la relación, además de hacerse en el onboarding.
La nota interpretativa de la Recomendación 10 enumera ejemplos de debida diligencia reforzada (EDD). Incluyen más información sobre el cliente y la relación prevista, información sobre el origen de los recursos o del patrimonio, la aprobación de la alta dirección y un monitoreo reforzado. Entre los ejemplos de medidas simplificadas de la nota están actualizar con menos frecuencia los datos de identificación e inferir el propósito de la relación a partir de su tipo. Las medidas simplificadas no son aceptables cuando hay sospecha de lavado de dinero o de financiamiento al terrorismo, ni cuando se aplican escenarios específicos de mayor riesgo.
En Filipinas, la Circular No. 1170, Series of 2023 (Monetary Board Resolution No. 402, 23 de marzo de 2023), del Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), permite a las personas cubiertas utilizar KYC electrónico (eKYC). Califica al sistema nacional de identificación, PhilSys, como “una fuente confiable e independiente para verificar la identidad del cliente” (traducción propia). En Malasia, el documento de política sobre e-KYC del Bank Negara Malaysia (BNM) se emitió y entró en vigor el 15 de abril de 2024. Conforme al párrafo 8.22, cuando un proveedor de tecnología suministra la solución de eKYC, se exige a la institución asegurarse de que sus módulos hayan sido “evaluados por un evaluador externo independiente creíble” (traducción propia). BNM también permite el eKYC realizado únicamente por un representante humano, por ejemplo mediante videollamada (párrafo 8.26), y luego exige salvaguardas internas contra el mayor riesgo de identificación errónea (párrafo 8.28).
Filtrado contra listas de sanciones y de personas políticamente expuestas (PEP, PPE en México)
Verificar a los clientes contra las listas de sanciones y las listas de PEP suele llamarse filtrado contra el lavado de dinero (AML). Conforme a las Recomendaciones 6 y 7 del GAFI y sus notas interpretativas, los países deberían exigir a todas las personas físicas y morales que congelen los activos de las personas designadas “sin demora y sin previo aviso” (traducción propia). Las designaciones provienen del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, o se hacen bajo su autoridad, y, en el caso de la Recomendación 6, también a nivel nacional conforme a la resolución 1373. La nota interpretativa de la Recomendación 1 describe las obligaciones de la Recomendación 7 como no basadas en riesgos. En la práctica, las instituciones filtran a los clientes contra las listas de sanciones para cumplir las normas nacionales que las aplican.
La Recomendación 12 trata de las PEP. Respecto de las PEP extranjeras, dice que las instituciones deberían estar obligadas a:
- contar con sistemas de administración de riesgos para determinar si un cliente o su propietario real es una PEP extranjera;
- obtener la aprobación de la alta dirección para la relación;
- tomar medidas razonables para establecer el origen del patrimonio y el origen de los recursos;
- realizar un monitoreo continuo reforzado.
Respecto de las PEP nacionales y de las PEP de organizaciones internacionales, las instituciones deberían estar obligadas a tomar medidas razonables para determinar si un cliente o su propietario real es una PEP de ese tipo. En los casos de mayor riesgo, deberían estar obligadas a aplicar también las demás medidas. Estos requisitos deberían aplicarse también a los familiares y a los allegados cercanos de las PEP.
Monitoreo continuo de las transacciones
La debida diligencia continua es la cuarta medida de CDD. La Recomendación 10 dice que sirve “para asegurar que las transacciones que se realizan sean consistentes con el conocimiento que la institución tiene de su cliente, de su negocio y de su perfil de riesgo” (traducción propia), incluido el origen de los recursos cuando sea necesario.
En el sector esto se llama monitoreo de transacciones. En la práctica, los sistemas generan alertas sobre la actividad que no encaja con el perfil del cliente. Un analista revisa el expediente del cliente, el historial de transacciones y las contrapartes involucradas. Luego la alerta se cierra con un motivo registrado o se escala y, si persiste la sospecha, se aplica el deber de reporte de la Recomendación 20. Ejemplos tomados de las normas del Anti-Money Laundering Council (AMLC) de Filipinas y del documento de política de BNM son:
- ausencia de un propósito legal, comercial o económico subyacente (AMLC);
- montos que no corresponden a la capacidad del cliente (AMLC);
- actividad que se aparta del perfil o del historial del cliente (AMLC);
- una cuenta que mueve fondos sin un propósito evidente (BNM).
Reporte de operación sospechosa
La Recomendación 20 establece el deber de reporte. Se aplica cuando una institución financiera sospecha, o tiene motivos razonables para sospechar, que los fondos son producto de una actividad delictiva o están relacionados con el financiamiento al terrorismo. Entonces la ley debería obligar a la institución a reportar con prontitud sus sospechas a la unidad de inteligencia financiera (FIU), mediante un reporte de operación sospechosa (STR). La Recomendación 23 extiende el deber a las APNFD con salvedades: por ejemplo, “abogados, notarios, otros profesionales jurídicos independientes y contadores” (traducción propia) deberían estar obligados a reportar cuando realicen ciertas transacciones de clientes. Conforme a su nota interpretativa, no están obligados a reportar la información obtenida bajo secreto profesional o privilegio profesional legal. En el caso de los contadores, esto se aplica cuando actúan como profesionales jurídicos independientes.
La nota interpretativa de la Recomendación 20 añade que todas las transacciones sospechosas, incluidas las transacciones intentadas, deberían reportarse sin importar el monto. También dice que el requisito de reporte debería ser “una obligación directa de carácter obligatorio” (traducción propia). Filipinas la aplica mediante la Regla 22 de las reglas de implementación de 2018 de su Anti-Money Laundering Act. Se exige a las personas cubiertas presentar STR ante el AMLC, y los STR “deberán abarcar todas las transacciones, ya sean consumadas o intentadas” (traducción propia).
Conforme a la Recomendación 21, las instituciones, sus directores, funcionarios y empleados deberían estar protegidos por la ley cuando reportan de buena fe sus sospechas a la FIU. La protección abarca la responsabilidad penal y civil por incumplir restricciones sobre la divulgación de información. También se les debería prohibir por ley “revelar (‘tipping-off’) el hecho de que se está presentando a la FIU un reporte de operación sospechosa (STR) o información relacionada” (traducción propia). Conforme a la Recomendación 29, la FIU recibe y analiza los STR y difunde los resultados.
Conservación de registros
Conforme a la Recomendación 11, las instituciones financieras deberían estar obligadas a conservar todos los registros necesarios sobre las transacciones nacionales e internacionales durante al menos cinco años. El mismo mínimo se aplica a los registros de CDD, los expedientes de cuenta y la correspondencia comercial, contado desde el fin de la relación de negocios o desde la fecha de una transacción ocasional.
Los registros de transacciones “deben ser suficientes para permitir la reconstrucción de transacciones individuales” (traducción propia). La información de CDD y los registros de transacciones deberían estar a disposición de las autoridades competentes de su país previa la autorización correspondiente.
Controles internos, capacitación y auditoría independiente
La Recomendación 18 dice que las instituciones financieras deberían estar obligadas a implementar “programas contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo” (traducción propia), y que los grupos financieros deberían estar obligados a implementar programas a nivel de grupo. Su nota interpretativa dice que esos programas deberían incluir:
- políticas, procedimientos y controles internos, incluidos los mecanismos de administración del cumplimiento y procedimientos adecuados de selección para asegurar altos estándares en la contratación de empleados;
- un programa continuo de capacitación de los empleados;
- una función de auditoría independiente para probar el sistema.
Los mecanismos de administración del cumplimiento deberían incluir la designación de un oficial de cumplimiento a nivel gerencial. El tipo y el alcance de las medidas deberían ser adecuados al riesgo de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo y al tamaño del negocio.
Revisión de un programa AML frente a la base de referencia del GAFI
R. significa Recomendación e INR. su nota interpretativa; la ley nacional fija el deber exacto.
- Evaluación de riesgos (R.1, INR.1): ¿La evaluación está vigente y documentada, con políticas aprobadas? Evidencia: la evaluación fechada y su aprobación, salvo que el supervisor la haya dispensado. Brecha: una evaluación más antigua que los productos actuales.
- Debida diligencia del cliente (R.10): ¿Cada expediente de cliente abarca las cuatro medidas de CDD? Evidencia: una muestra de expedientes de clientes. Brecha: el expediente de una empresa sin propietario real identificado.
- Filtrado (R.6, R.7, R.12): ¿Se filtra a los clientes y a los propietarios reales? Evidencia: los registros de filtrado y las aprobaciones de PEP. Brecha: propietarios reales que nunca se filtran.
- Monitoreo continuo (R.10): ¿La debida diligencia continua incluye el escrutinio de las transacciones frente al perfil del cliente? Evidencia: en la práctica, el registro de alertas con las decisiones. Brecha: transacciones que nunca se comparan con el perfil del cliente.
- Reporte (R.20, INR.20, R.21; R.23 para las APNFD): ¿El personal reporta las sospechas, incluidas las transacciones intentadas, sin revelar el reporte (tipping-off)? Evidencia: el registro de STR y los registros de capacitación. Brecha: transacciones intentadas que nunca se reportan.
- Conservación de registros (R.11): ¿Puede reconstruirse una transacción de muestra a partir de los registros? Evidencia: una prueba de reconstrucción. Brecha: registros de CDD eliminados antes de cumplirse cinco años desde la salida del cliente.
- Controles internos (R.18, INR.18): ¿Están implementados el oficial de cumplimiento, la capacitación y la auditoría independiente? Evidencia: el nombramiento, el registro de capacitación y el último informe de auditoría. Brecha: ninguna prueba independiente del programa.
AML frente a KYC: cómo encajan
La lista de verificación revisa el programa en su conjunto; KYC es el punto en que ese programa se encuentra con cada cliente. KYC es el nombre que usa el sector para la parte de identificación y debida diligencia de AML, que los Estándares del GAFI llaman debida diligencia del cliente. La verificación KYC establece quién es el cliente y para qué es la relación, mediante las cuatro medidas de CDD expuestas en la sección sobre debida diligencia del cliente.
| Aspecto | KYC (debida diligencia del cliente) | AML (el programa completo) |
|---|---|---|
| Qué es | Conocer a cada cliente | Leyes, reglas y controles internos |
| Alcance | Una relación con un cliente | La institución completa |
| Base en el GAFI | R.10; R.12 para las PEP | R.1, R.10–12, R.18, R.20 y otras |
| Cuándo | En el onboarding y durante toda la relación | De forma continua |
| Resultado | Perfil de riesgo; incorporar al cliente, rechazarlo o terminar la relación | Evaluaciones, alertas, STR, registros, auditorías |
La Recomendación 10 es donde ambos se encuentran. Si una institución no puede completar la CDD, debería estar obligada a no abrir la cuenta, no iniciar la relación ni realizar la transacción, o a terminar una relación existente. También debería considerar presentar un STR.
Solo con fines ilustrativos: tres clientes de una misma institución
| Cliente | Riesgo evaluado | Medidas conforme al GAFI |
|---|---|---|
| Usuario minorista de una billetera electrónica | Bajo | Donde las normas nacionales lo permitan, medidas simplificadas, por ejemplo, actualizaciones menos frecuentes de los datos de identificación (INR.10) |
| Empresa cuyo propietario real es una PEP extranjera | Mayor | R.12: aprobación de la alta dirección, origen del patrimonio y de los recursos, monitoreo reforzado |
| Empresa cuyo propietario real no puede identificarse | No puede evaluarse (CDD incompleta) | La regla de la R.10 sobre CDD incompleta |
Esta no es una regla universal: la ley nacional fija las medidas para cada tipo de cliente.
Referencia: autoridades y leyes AML en el Sudeste Asiático
Para seis países del Sudeste Asiático, esta sección nombra la principal autoridad AML, la unidad de inteligencia financiera y la principal ley AML. Registra solo funciones y títulos legales; las obligaciones las fija la ley de cada país y las normas de su regulador. La FIU se ubica en distintos tipos de organismos en estos países, de modo que la autoridad que recibe un STR depende de dónde opere la institución.
Filipinas
- Autoridad: Anti-Money Laundering Council (AMLC), la unidad de inteligencia financiera de Filipinas, presidida por el gobernador del BSP.
- Supervisión: Conforme a las reglas de implementación de 2018, el AMLC ejerce la supervisión general en materia AML sobre todas las personas cubiertas. El BSP es la autoridad supervisora de los bancos y otras instituciones supervisadas por el BSP; emite lineamientos AML para ellas, examina su cumplimiento y toma medidas de fiscalización.
- Ley principal: Anti-Money Laundering Act of 2001 (Republic Act No. 9160), en su versión modificada, más recientemente por la Republic Act No. 11521 (2021), según la lista de leyes del AMLC.
- Reportes recibidos: El AMLC recibió 4,452,917 reportes de operación sospechosa en 2022, según su Annual Report 2019 to 2022, el más reciente que había publicado al 3 de noviembre de 2026. El mismo informe da 623,021 para 2019.
Singapur
- Autoridad: MAS supervisa a las instituciones financieras en materia de AML/CFT. La FIU es la Suspicious Transaction Reporting Office (STRO) de la Singapore Police Force, que recibe los STR.
- Ley principal: Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act 1992 (CDSA), la principal ley que tipifica el delito de lavado de dinero, junto con los MAS AML/CFT Notices dirigidos a las instituciones financieras.
- Normas principales para las instituciones financieras: MAS Notice 626 para los bancos, con fecha del 28 de marzo de 2024 y revisado por última vez el 30 de junio de 2025.
Malasia
- Autoridad: Bank Negara Malaysia (BNM), la autoridad competente conforme a la ley AML del país y, conforme a la misma ley, la unidad de inteligencia financiera.
- Ley principal: Anti-Money Laundering, Anti-Terrorism Financing, Anti-Restricted Activity Financing and Proceeds of Unlawful Activities Act 2001 (Act 613), modificada más recientemente por la Act A1761, en vigor desde el 1 de marzo de 2026.
- Normas principales para las instituciones financieras: el documento de política de BNM Anti-Money Laundering, Countering Financing of Terrorism, Countering Proliferation Financing and Targeted Financial Sanctions for Financial Institutions (BNM/RH/PD 030-14), emitido el 5 de febrero de 2024.
Indonesia
- Autoridad: PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, el Centro Indonesio de Reportes y Análisis de Transacciones Financieras), una FIU independiente que reporta directamente al presidente.
- Ley principal: Law No. 8 of 2010 on the Prevention and Eradication of Money Laundering. Algunas de sus disposiciones sobre delitos están ahora en el nuevo Código Penal (Law No. 1 of 2023), en vigor desde el 2 de enero de 2026.
- Normas principales para las instituciones financieras: Regulation No. 8 of 2023 de la Otoritas Jasa Keuangan (OJK), la autoridad de servicios financieros de Indonesia, en vigor desde el 14 de junio de 2023. Abarca los programas de AML, de lucha contra el financiamiento al terrorismo y de lucha contra el financiamiento de la proliferación en el sector de los servicios financieros.
Vietnam
- Autoridad: State Bank of Vietnam (SBV), responsable ante el Gobierno de la gestión estatal en materia de AML; recibe los reportes de operación sospechosa.
- Ley principal: Law on Anti-Money Laundering No. 14/2022/QH15, en vigor desde el 1 de marzo de 2023; modificada por la Law No. 23/2026/QH16, que entra en vigor el 1 de diciembre de 2026.
- Normas principales para las instituciones financieras: Decree No. 19/2023/NĐ-CP, que detalla la ley AML, y la Circular No. 27/2025/TT-NHNN del SBV, en vigor desde el 1 de noviembre de 2025.
Entrada en vigor el 1 de diciembre de 2026. La Law No. 23/2026/QH16 aún no está en vigor al 3 de noviembre de 2026. A partir del 1 de diciembre de 2026, añade dịch vụ tài sản mã hóa (servicios de criptoactivos) a las actividades del artículo 4(1) que hacen que una institución financiera con licencia sea un sujeto obligado. También añade el artículo 33a sobre indicios sospechosos en el sector de los criptoactivos (dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực tài sản mã hóa). Las glosas en español son traducciones no oficiales.
Tailandia
- Autoridad: Anti-Money Laundering Office (AMLO), una oficina independiente creada conforme a la ley; recibe los reportes de transacciones.
- Ley principal: Anti-Money Laundering Act B.E. 2542 (1999), en su versión modificada, más recientemente por la Amendment No. 6, B.E. 2565 (2022); B.E. significa Era Budista (Buddhist Era).
- Normas principales para las instituciones financieras: el Ministerial Regulation on Customer Due Diligence B.E. 2563 (2020), en vigor desde agosto de 2020, para las instituciones financieras y las empresas enumeradas en la Sección 16 de la ley.
Lo que sigue abierto
- Malasia, verificado el 3 de noviembre de 2026: el texto publicado por BNM de la Act 613 aún no incorpora la Act A1761. La propia página de legislación de BNM da como entrada en vigor de la A1761 el 1 de marzo de 2026, de modo que la laguna afecta solo al texto consolidado.
- Filipinas, verificado el 3 de noviembre de 2026: el último informe anual publicado por el AMLC abarca de 2019 a 2022; en su sitio no había ningún informe de 2023, 2024 ni 2025.
- Vietnam: una búsqueda en la Gaceta Oficial (Công báo) el 3 de noviembre de 2026 no encontró ningún decreto que modifique o sustituya el Decree No. 19/2023/NĐ-CP. La Law No. 23/2026/QH16 entra en vigor el 1 de diciembre de 2026.
Verificado el 3 de noviembre de 2026 con fuentes oficiales, entre ellas la página de las Recomendaciones del GAFI. Los títulos legales de Indonesia y Vietnam son traducciones no oficiales al inglés; el título de Tailandia sigue la traducción al inglés publicada por AMLO.
Este artículo tiene fines meramente informativos y no constituye asesoría legal ni regulatoria. Las organizaciones deben confirmar con la autoridad competente o con un asesor legal cómo les aplican los requisitos AML.
El estándar del GAFI da a los programas AML de distintos países una estructura común, mientras que la ley de cada país fija los deberes y las empresas a las que alcanzan. Dentro de un programa, los componentes dependen unos de otros.
KYC aporta los hechos sobre los que opera el resto del programa. El monitoreo compara las transacciones con esos hechos, y el reporte actúa cuando no encajan. Una evaluación de riesgos desactualizada ya no dice a la institución qué tan profundas deben ser la CDD y el monitoreo, y los registros incompletos debilitan los reportes que se apoyan en ellos. La lista de verificación convierte esa estructura en preguntas que un revisor puede contrastar con evidencia.